Al menos 31 detenidos fue el saldo de una multitudinaria marcha liderada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en Santiago, Chile. Más de 20 mil personas, entre estudiantes, sindicatos y docentes de distintas etapas educativas, se unieron a la protesta. Los asistentes marcharon para rechazar el Presupuesto 2027 del presidente José Antonio Kast, debido a la preocupante reducción de recursos destinados a la educación.
El proyecto oficialista destina 17,3 billones de pesos al sector educativo, una cifra inferior a los 17,4 billones otorgados el año anterior. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, calificó los montos como insuficientes y engañosos, denunciando que las autoridades ya están anunciando recortes y despidos en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”, el movimiento estudiantil exigió mayor diálogo gubernamental. Laura Mlynarz, vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), criticó la negativa de la ministra de Educación, María Paz Arzola, a reunirse con los universitarios, advirtiendo que la precariedad en el sistema público continúa aumentando sostenidamente.
“Este Gobierno criminaliza el movimiento estudiantil y nosotros somos las personas que estamos más preocupadas por poder avanzar hacia un Chile equitativo, por un desarrollo justo, digno y solidario”, expresó en su discurso Mlynarz al País.
Aunque la movilización fue mayoritariamente pacífica, se registraron incidentes con Carabineros, quienes emplearon bombas lacrimógenas al inicio del recorrido. Además, ocurrieron enfrentamientos a las afueras de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), donde manifestantes agredieron a grupos de estudiantes de agrupaciones de derecha y centroderecha que protestaban pacíficamente contra la paralización.
Frente a estos hechos, el presidente Kast validó el derecho a manifestarse, pero condenó los actos de violencia y la intolerancia. El mandatario defendió su propuesta presupuestaria, asegurando que su administración ha priorizado mantener los derechos sociales fundamentales, incluyendo la gratuidad universitaria y las condiciones de la carrera docente.
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Fuente: El País
