La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció la prepublicación de los Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, una propuesta que prevé sanciones graduales y la posibilidad de expulsar a estudiantes por faltas graves o reiteradas.
Durante un acto oficial en Chaclacayo, la mandataria anunció el retorno de las suspensiones definitivas (expulsiones) para separar a los estudiantes con comportamientos altamente disruptivos y garantizar un ambiente de tranquilidad para el resto del alumnado
La medida central de esta normativa devuelve a los docentes la facultad de evaluar el comportamiento mediante una escala vigesimal de 0 a 20, donde las calificaciones menores a 11 serán desaprobatorias. Fujimori enfatizó que los profesores ya no estarán «arrinconados» para corregir a los alumnos, y anunció una política de cero tolerancia frente al acoso, la violencia y el abuso sexual, disponiendo que los agresores sean derivados inmediatamente a la Policía Nacional.
Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, detalló que el reglamento clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, aplicando sanciones graduales. Las infracciones sancionadas abarcan desde el uso prohibido de celulares y tardanzas reiteradas, hasta delitos como extorsión, cobro de cupos, posesión de explosivos y porte de armas.
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La disposición también establece reglas obligatorias sobre el aseo y la presentación personal en los colegios públicos, prohibiendo el uso de maquillaje, uñas pintadas, cabello teñido o excesivamente largo, y regulando el largo de las faldas. A nivel institucional, la reforma incluye la eliminación del actual sistema SíseVe, el cual será reemplazado por la nueva Unidad de Protección de la Comunidad Educativa.
Pese a la severidad de las sanciones, el Gobierno implementará escuelas de reingreso, aulas híbridas y centros disciplinarios con apoyo psicológico para garantizar la continuidad educativa de los menores expulsados. Tras la aprobación oficial del documento, todas las instituciones educativas del país tendrán un plazo improrrogable de 30 días para adecuar sus reglamentos internos a estas nuevas normativas.
Fuente: El Peruano
