El Senado de Chile aprobó el proyecto de ley que agiliza la expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular, con 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. La iniciativa modifica la Ley de Migración y Extranjería y quedó despachada por el Congreso, a la espera de completar los trámites previos a su entrada en vigor.
La aprobación se produjo después de que una comisión mixta de senadores y diputados resolviera las discrepancias entre ambas cámaras e incorporara modificaciones al proyecto. La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el informe el 19 de octubre, con 128 votos a favor y 11 en contra, mientras que el Senado lo aprobó al día siguiente.
Entre las principales modificaciones figura la facultad de la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar a un domicilio y detener a una persona con una orden de expulsión firme y vigente. El magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas.
La propuesta también amplía de tres a cinco años la prohibición de reingreso al país en determinados casos, reduce los plazos para reclamar contra las expulsiones y fortalece los mecanismos para localizar y notificar a las personas involucradas.
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La normativa también contempla mecanismos para agilizar la expulsión de extranjeros que afronten determinados procesos penales, bajo las condiciones establecidas en el proyecto y con intervención judicial cuando corresponda. Además, incorpora disposiciones sobre el registro biométrico de migrantes y establece resguardos para proteger a niños, niñas y adolescentes, así como restricciones para el ingreso policial a establecimientos educacionales y de salud.
En Chile, hay actualmente más de 330 000 extranjeros en situación irregular, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).Diversos reportes estiman que más de 75 000 órdenes de expulsión siguen pendientes de ejecución, de las cuales cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.
En este contexto, Chile y Venezuela iniciaron un proceso de acercamiento tras la ruptura de sus relaciones diplomáticas en 2024, motivada por las discrepancias sobre los resultados de las elecciones venezolanas. Los gobiernos de José Antonio Kast y Delcy Rodríguez acordaron una hoja de ruta para normalizar sus vínculos, y Chile reabrió parcialmente sus consulados en Caracas y Puerto Ordaz el 19 de octubre.
La reanudación de los servicios consulares podría facilitar los trámites documentarios necesarios para gestionar los retornos, aunque ambos países aún avanzan hacia una normalización diplomática plena.
Fuente: France 24 / RPP
