La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori, restringiéndolas exclusivamente a temas de inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. Con trece votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el grupo parlamentario descartó otorgar permisos abiertos al Ejecutivo.
La presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú, señaló que la propuesta pasará al Pleno de la Cámara de Diputados, convocado para el próximo martes 6 de octubre. Adelantó que, si obtiene la aprobación en esta instancia, la iniciativa será remitida al Senado.
La propuesta aprobada reúne 18 facultades legislativas, de las 66 solicitadas inicialmente por el Gobierno. El texto fue consensuado por Renovación Popular, Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Seis medidas están vinculadas con la inseguridad ciudadana y 12 con el Fenómeno El Niño, aunque algunas bancadas cuestionaron su alcance.
En materia de seguridad ciudadana, las seis medidas contemplan cambios en las normas sobre Migraciones y nacionalidad, mecanismos para identificar y geolocalizar equipos móviles vinculados con delitos, modificaciones al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y ajustes al Código Penal, Código de Ejecución Penal y la Ley de Delitos Informáticos.
Respecto al Fenómeno El Niño, el texto contempla facultar al Indeci para entregar ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días de una emergencia. También plantea fortalecer los registros agrarios mediante interoperabilidad, agilizar la liberación de interferencias en obras de infraestructura y modificar la Ley de Obras por Impuestos.
La restricción temática generó críticas entre los parlamentarios. Arturo Alegría, de Fuerza Popular, consideró que las facultades aprobadas resultan insuficientes al excluir herramientas económicas para apoyar a emprendedores afectados. Por su parte, Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, cuestionó que incluso estas facultades en materia de seguridad puedan representar un riesgo para el Estado.
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Fuente: Diario Gestión
