Estados Unidos revocó visas de altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por acusaciones de corrupción y narcotráfico

La medida del Departamento de Estado alcanza a 27 personas, incluyendo a un juez peruano y al fiscal general boliviano, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Revista Prende y Apaga
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Fotografía: REUTERS/Kylie Cooper

Estados Unidos anunció la revocación o restricción de visas para funcionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La sanción, que también alcanza a sus familiares, apunta a extranjeros acusados de usar la corrupción o el narcotráfico para debilitar gobiernos democráticos.

La decisión alcanza a 27 personas en total. Según el Departamento de Estado explicó que la medida se ampara en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta acción se enmarca en el «Escudo de las Américas», una iniciativa impulsada por la administración de Donald Trump para coordinar sanciones regionales contra amenazas a la seguridad institucional.

Bolivia concentra la mayor cantidad de sancionados, con 12 visas revocadas y nueve restringidas. Destaca la designación pública contra su actual fiscal general, Roger Mariaca. Según Washington, el magistrado habría aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

En el caso peruano, la sanción de Washington recayó directamente sobre Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Circuito Constitucional de Lima. En Ecuador se reportaron dos ciudadanos sancionados, aunque el gobierno estadounidense decidió mantener sus nombres en estricta reserva.

Por el lado de Colombia, las restricciones migratorias afectaron a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero. Washington advirtió que los funcionarios extranjeros corruptos ya no podrán ingresar libremente a su territorio.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que estas restricciones constituyen un mecanismo diplomático permanente. Esta herramienta les permitirá actuar con rapidez y coordinar nuevas medidas punitivas con sus gobiernos aliados a medida que surjan mayores evidencias sobre actos de corrupción significativa.

Fuente: Infobae

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