El acceso principal al sector La Mansión, en el distrito de Socabaya, se encuentra en una situación crítica debido al avanzado deterioro del único puente que conecta a más de 15 mil vecinos con el resto de la ciudad. La infraestructura, construida en 2008 y que no ha recibido mantenimiento integral desde su puesta en funcionamiento, presenta vibraciones constantes y daños visibles en su estructura, pese a soportar a diario el tránsito de transporte público.
La preocupación de la población se incrementa ante el riesgo de un eventual colapso, que dejaría completamente aislado al sector, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el incremento del caudal representa un peligro adicional. Vecinos y dirigentes locales advierten que una emergencia de este tipo afectaría no solo la movilidad, sino también el acceso a servicios básicos, atención médica y actividades económicas.
Frente a este escenario, se encontró que la municipalidad distrital ya cuenta con un expediente técnico aprobado para la construcción de un nuevo puente, proyecto que demandará una inversión total de 25 millones 200 mil soles. De ese monto, 12 millones 800 mil soles fueron asegurados a través del presupuesto participativo 2026, mientras que el financiamiento restante se gestionará mediante la modalidad de obras por impuestos, con el fin de garantizar la ejecución de la obra.
Los vecinos han solicitado que el inicio de los trabajos no se postergue y que la construcción se ponga en marcha entre los meses de marzo y abril, una vez concluida la época de lluvias. Señalan que el desgaste de la estructura es evidente y que cualquier retraso podría desencadenar una emergencia mayor en una zona que ha crecido en población y flujo vehicular.
En los últimos años, diversos sectores de Arequipa han reportado problemas similares en puentes y vías construidas hace más de una década sin mantenimiento preventivo. Especialistas en infraestructura han advertido que el aumento del tránsito pesado y las lluvias intensas aceleran el deterioro de estas estructuras, lo que obliga a las autoridades locales a priorizar su renovación para evitar riesgos a la población.
