Padres de familia del colegio Virgen del Carmen, en Paucarpata, volvieron a plantarse frente a la Ugel Sur para exigir el traslado de una docente del nivel inicial, a quien acusan de presuntos actos de discriminación hacia sus alumnos. No es la primera vez que la maestra enfrenta cuestionamientos: en 2023 ya había sido retirada del plantel por denuncias similares.
Aun así, este lunes regresó a su aula como si nada hubiera ocurrido. Para los padres, su retorno es una falta de respeto a las familias, a los niños y a los procesos que deberían garantizar un ambiente seguro.
“Hoy se incorpora la docente. Ha tenido antecedentes con padres de familia hace dos años. Por eso pedimos que sea reubicada a otro colegio”, declaró Margot, madre de familia.
Otra apoderada añadió que la profesora Susy Rojas mantiene denuncias por maltrato en Fiscalía y que no entienden cómo se le permite volver a enseñar a niños de apenas tres años.
Pero el problema no se resuelve trasladando a una docente de un colegio a otro. Ese es justamente el error que se repite año tras año: se mueve al docente cuestionado, se calma momentáneamente el conflicto y se deja intacto el fondo del asunto. ¿Dónde queda la investigación rigurosa? ¿Qué responsabilidad asumen la dirección del colegio y la propia Ugel Sur? Si existen denuncias formales, corresponde un proceso transparente y sanciones claras, no simples reubicaciones que solo trasladan el problema a una nueva aula.
Y este no es un caso aislado. En Arequipa existen docentes que continúan enseñando pese a cargar antecedentes por tocamientos indebidos, maltrato psicológico o conductas impropias. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación para salvaguardar la integridad de los menores? La respuesta, lamentablemente, parece ser muy poco. Se insiste en soluciones superficiales mientras se normaliza que maestros con denuncias sigan frente a los estudiantes.
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No basta con cambiar de sede a un docente. No basta con llenar expedientes. No basta con “esperar que no vuelva a ocurrir”.
Sin investigaciones profundas, sin sanciones reales y sin una supervisión efectiva, los casos se repiten y las víctimas crecen. Los niños quedan expuestos física y emocionalmente, en espacios que deberían protegerlos y formarlos.
La disciplina sí es necesaria en el ámbito educativo, pero jamás debe cruzar los límites que vulneran, humillan o agreden a un menor. Los estudiantes no solo reciben conocimientos: reciben ejemplo. Y cuando ese ejemplo se tuerce, la escuela deja de ser un lugar seguro.
La pregunta es inevitable: ¿seguirá el Estado tolerando que quienes tienen antecedentes o denuncias continúen frente a un aula?
Los padres han alzado la voz. Ahora es responsabilidad de las autoridades escucharla… y actuar.
