Mil millones de dólares. Esa es la suma que la empresa Euroamerican International Group S.A.C. reclama al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por concepto de daños y perjuicios, en el marco de una denuncia presentada por la presunta copia de su proyecto denominado “Megapuerto Multimodal de Corío”. La demanda se sustenta en que la propuesta habría sido registrada en 2006, pero no recibió respuesta durante casi dos décadas.
El proyecto nació con la intención de crear un puerto de gran capacidad en la provincia de Islay, destinado a impulsar la infraestructura portuaria y logística del sur del país. Según la documentación presentada por Euroamerican, el expediente técnico —compuesto por 121 folios y 19 planos— incluía estudios de ubicación, batimetría, rompeolas, plataformas y muelles. El 31 de agosto de 2006, durante la gestión regional de Daniel Vera Ballón, el documento fue oficialmente ingresado y sellado en la mesa de partes del Gobierno Regional de Arequipa. Para su tramitación, la empresa efectuó un pago de S/ 27,600, uno de los montos administrativos más elevados de la época.
Con el paso del tiempo, seis gestiones regionales se sucedieron sin que el proyecto fuera evaluado o ejecutado. Durante casi veinte años, la propuesta permaneció archivada, sin respuesta formal.
El actual gobernador Rohel Sánchez Sánchez anunció la ejecución de un nuevo proyecto de megapuerto en Corío, en convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con una inversión inicial de 7 millones de dólares. El convenio se supone que seria firmado el 9 de noviembre, marcando el inicio de los estudios para su implementación.
Tras conocerse este anuncio, Euroamerican International Group S.A.C. solicitó la verificación de antecedentes y el reconocimiento de su propuesta original. El 25 de agosto de 2025, la empresa remitió una carta notarial al GRA para abrir un canal de diálogo institucional. Sin embargo, la respuesta oficial señaló que no existe ningún registro del expediente en los archivos regionales.
Ante esta situación, la gerente general adjunta, Olinda Manrique Valverde, junto al abogado Oswaldo Garate Correa, informaron en conferencia de prensa que se interpondrá una demanda por daños y perjuicios contra el Gobierno Regional y se iniciarán acciones penales contra los funcionarios que resulten responsables de la desaparición del expediente. También anunciaron que el caso será comunicado a la Autoridad Portuaria Nacional y a otras entidades competentes para resguardar la propiedad técnica y administrativa del proyecto.
Hasta el momento, el Gobierno Regional de Arequipa no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia ni sobre la ubicación del expediente original. La controversia continúa abierta, mientras se define el destino de una obra que podría convertirse en uno de los proyectos más relevantes para la infraestructura portuaria del sur del país.
