El Congreso de la República aprobó la inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de reconsiderar una primera votación que no alcanzó el respaldo requerido. La decisión se tomó en una segunda votación realizada en el Pleno, con 71 votos a favor de un total de 116 congresistas presentes, con lo cual Espinoza queda impedida de ejercer cualquier cargo público durante la próxima década.
La medida se concretó tras prosperar el pedido de reconsideración presentado por los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, que permitió reabrir el debate el mismo día. En la votación inicial, la acusación constitucional había quedado archivada al no alcanzar los 68 votos mínimos, pues solo obtuvo 63 adhesiones. El nuevo escenario revirtió el resultado y dio paso a la sanción.
Según el dictamen aprobado, la inhabilitación se sustenta en la presunta participación de Espinoza en la elaboración del reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”, el cual, de acuerdo con los denunciantes, vulneraría la Ley 32130. La mayoría parlamentaria consideró que, con ello, la fiscal habría incurrido en abuso de autoridad y prevaricato.
No obstante, informes y pronunciamientos difundidos en distintos espacios públicos señalan que dicho reglamento no fue debatido ni aprobado por la Junta de Fiscales Supremos y que su elaboración se habría producido durante la gestión interina de Juan Carlos Villena. Pese a estas precisiones, el Pleno optó por validar la acusación y aplicar la sanción máxima.
Durante su defensa ante el Parlamento, Delia Espinoza calificó la decisión como arbitraria y con motivaciones políticas, al considerar que responde a represalias por las denuncias constitucionales que presentó contra varios legisladores. Advirtió además que la inhabilitación afecta la independencia del Ministerio Público y denunció presiones indebidas. “O te doblegas o te sacan”, expresó, al insistir en que actuó dentro de sus competencias constitucionales.
La decisión del Congreso ha generado reacciones divididas en el ámbito político y jurídico, mientras se anticipa que el caso podría ser llevado a instancias nacionales por una presunta afectación a la autonomía del sistema de justicia.
