La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado suspendió este jueves 15 de octubre, hasta nuevo aviso, el debate y la votación del pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo. La decisión fue anunciada por el presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía, luego de una jornada marcada por discrepancias sobre el procedimiento de votación y la salida de los senadores de oposición.
La controversia surgió durante la sesión de la mañana, cuando la senadora Patricia Iturregui, del Partido de El Buen Gobierno, presentó una cuestión de orden para debatir primero los límites del Senado para modificar el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Aunque el pedido obtuvo inicialmente seis votos a favor y cinco en contra, la presidencia de la comisión dispuso rectificar la votación, lo que generó cuestionamientos de los legisladores opositores.
Los senadores que abandonaron la sesión cuestionaron la conducción de Mesía y sostuvieron que debía respetarse la votación inicial y discutirse el alcance de las atribuciones del Senado. Por su parte, el titular de la comisión declaró improcedente el pedido de Iturregui y atribuyó el incidente a una controversia sobre el procedimiento parlamentario.
La sesión se reanudó después de las 5:00 p. m., sin la presencia de las bancadas de oposición. Tras un nuevo intercambio entre los legisladores presentes, Mesía anunció la suspensión. “Por lo tanto, se suspende la sesión hasta nuevo aviso”, señaló. Hasta el cierre de la información, no se había anunciado una nueva fecha para retomar el debate.
Noticias relacionadas
¿Qué contempla el pedido de facultades legislativas?
El Poder Ejecutivo solicita autorización para legislar en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La Cámara de Diputados aprobó previamente una propuesta de 20 puntos, mientras que el predictamen elaborado por la presidencia de la comisión del Senado incorpora siete puntos adicionales.
En materia de seguridad, el predictamen propone precisar los criterios para calificar a organizaciones criminales como grupos hostiles, aplicar medidas antiterroristas a aquellas que empleen sistemáticamente métodos de violencia propios del terrorismo y fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional.
En el ámbito penitenciario, plantea permitir temporalmente la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, establecer mecanismos de vigilancia después de cumplir condenas por delitos de alta peligrosidad e incorporar cambios en la regulación de la legítima defensa. Asimismo, propone agilizar los trámites para ejecutar obras prioritarias frente al fenómeno El Niño, sin eximirlas de las obligaciones ambientales y de seguridad.
El documento también establece que los ministros informen al Senado sobre la implementación de los decretos legislativos dentro de los 60 días posteriores a su publicación. Además, elimina la propuesta de crear una carrera de servicio público para los centros de rehabilitación juvenil.
Fuente: Gestión / RPP
