El Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentará este 15 de octubre una nueva propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que otorgará un plazo excepcional de dos años para que unos 30.000 operadores concluyan su formalización. El titular del sector, Guillermo Shinno, explicó que la iniciativa busca superar la fragmentación normativa y establecer un marco jurídico integral para fiscalizar y dar trazabilidad a estas actividades.
El proyecto, estructurado en 21 artículos, marca el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para el 31 de diciembre de 2026. Los mineros inscritos hasta esa fecha transitarán hacia un régimen temporal de «consolidación», vigente desde enero de 2027 hasta diciembre de 2028, periodo en el que podrán operar habilitados mientras completan sus requisitos. A partir de la vigencia de la norma, los nuevos operadores solo podrán ingresar a la actividad mediante la vía ordinaria permanente.
Para sostener esta arquitectura legal, se creará el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape). Esta nueva entidad, adscrita al Minem pero con autonomía técnica y financiera, asumirá la conducción operativa de la MAPE. Entre sus funciones clave estarán la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental, la emisión de autorizaciones de inicio de operaciones y la administración de la ventanilla única y la trazabilidad de la actividad minera.
En el ámbito ambiental y legal, la ley exige certificaciones proporcionales al nivel de riesgo y las condiciones geográficas del territorio. Además, transparenta la responsabilidad sobre los impactos ecológicos: si existe un contrato de cesión o explotación, los operadores MAPE serán los únicos responsables de las infracciones ambientales o de seguridad, y las faltas comprobadas serán causal automática de resolución del contrato.
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Para impulsar la inserción económica del sector, el proyecto autoriza expresamente al Banco de la Nación a ofrecer cuentas bancarias a los pequeños mineros, superando así las trabas históricas de la banca privada. Asimismo, establece incentivos, como la rebaja en el derecho de vigencia y la exención de penalidades, para que los titulares de grandes concesiones suscriban acuerdos de explotación de al menos tres años con los trabajadores artesanales.
Tras su eventual promulgación, el Ejecutivo contará con un plazo de 120 días calendario para aprobar la reglamentación respectiva. En ese periodo multisectorial, se afinará el reglamento ambiental, se evaluarán propuestas de simplificación tributaria junto al Ministerio de Economía (MEF), se normará el uso de explosivos con el Ministerio del Interior y se enviará al Congreso la ley de organización de Formape.
Fuente: Diario Gestión / El Peruano
