12 millones de peruanos laboran en la informalidad

Gobiernos regionales y municipales deberán priorizar infraestructura y servicios básicos para impulsar la formalización y el empleo.

Revista Prende y Apaga
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Fotografía: La República

En el Perú, la informalidad laboral afecta actualmente a doce millones de ciudadanos, lo que representa a siete de cada diez trabajadores. Estas personas laboran diariamente en condiciones precarias, sin acceder a beneficios sociales básicos como gratificaciones, vacaciones remuneradas o la compensación por tiempo de servicios, evidenciando una grave crisis. 

Esta alarmante situación nacional alcanza niveles críticos en regiones como Cajamarca, Puno, Apurímac y Amazonas, donde nueve de cada diez trabajadores son informales. Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), explicó que estas economías dependen de actividades tradicionales y agrícolas, las cuales registran niveles muy bajos de productividad.

Según datos del IPE, un trabajador formal produce, en promedio, seis veces más que uno informal. Herrera señaló que esta diferencia evidencia un círculo en el que la baja productividad limita la generación de empleos formales y, a su vez, la informalidad restringe las posibilidades de mejorar la productividad. Entre los factores asociados se encuentran las brechas educativas, la falta de capacidades técnicas y las deficiencias de infraestructura. 

Por su parte, Anaximandro Rojas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), advirtió que la pequeña agricultura carece de rentabilidad por el alto costo de los fertilizantes y la falta de carreteras adecuadas. Esta precaria situación termina beneficiando económicamente a los intermediarios comerciales. Además, enfatizó que los gobiernos regionales deben asumir sus competencias transferidas, impulsando urgentes titulaciones y proyectos de riego.

Frente a las próximas elecciones, Paola Herrera, economista del IPE, recordó que los gobiernos regionales y las municipalidades tienen la responsabilidad de orientar eficientemente estos recursos hacia obras prioritarias, como el acceso a agua, desagüe, electricidad, internet y otros servicios básicos. Señaló que los gobiernos subnacionales administran más del 60 % del presupuesto estatal, por lo que deben priorizar el cierre de brechas para elevar la competitividad empresarial y generar empleos formales. 

Fuente: RPP

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