En un alarmante revés para el sector minero, la producción de oro de origen ilegal ha superado a la formal en el Perú. Entre enero y junio de 2026, la extracción ilícita creció un 19,4 %, mientras que la legal sufrió una caída del 5,9 %. Este desbalance provocó que el mercado ilegal supere al formal en 8,7 toneladas, concentrando el 54 % del volumen total exportado durante el primer semestre, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).
El panorama para el cierre de año es aún más crítico. Impulsado por el precio récord del metal en el mercado internacional, el IPE proyecta que el volumen de oro ilegal rebasaría las 120 toneladas al terminar el 2026. De concretarse, esta actividad ilícita mantendría una participación de entre el 52 % y 55 % de las exportaciones auríferas peruanas, movilizando no menos de US$ 16 000 millones.
En entrevista con RPP, el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, explicó que estas cifras se obtienen al comparar el volumen de mineral exportado a través de los puertos con la producción oficial que las empresas reportan al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Al analizar esta brecha, el instituto apunta como uno de los grandes facilitadores al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Gallardo advierte que el Reinfo estaría operando como una especie de «salvoconducto» que permite blanquear el mineral extraído ilícitamente para ingresarlo a la cadena formal. Pese a haber sido creado para transitar hacia la legalidad, apenas alrededor del 2 % de los inscritos ha culminado el proceso. Aun así, y con su vigencia prevista hasta diciembre de 2026, el Minem no descarta otorgar una nueva ampliación.
Esta prolongada flexibilización, sostiene el IPE, ha permitido que la minería ilegal se expanda impunemente hacia áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas, con una fuerte penetración en regiones como Puno, La Libertad y Madre de Dios.
El avance de este sector ilícito no solo devasta ecosistemas, sino que ya interfiere con las operaciones de mineras formales como Poderosa (La Libertad) y Las Bambas (Apurímac). Además, amenaza la viabilidad de importantes zonas destinadas a proyectos cupríferos y auríferos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira, poniendo en grave riesgo más de US$ 12 000 millones en inversiones para el país.
Frente a esta crisis, Gallardo urgió al Estado a recuperar el control de los territorios afectados mediante el uso de inteligencia financiera y operativa. Asimismo, subrayó la necesidad de implementar un sistema integral de trazabilidad que permita verificar exactamente dónde y cómo fue extraído el oro antes de su comercialización. Por su parte, el Ejecutivo ya ha incluido medidas vinculadas a la formalización y trazabilidad del mineral en su reciente solicitud de facultades legislativas.
Fuente: RPP
