La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ratificó la sanción impuesta a la empresa Sedapar por no informar de manera oportuna a la población sobre interrupciones imprevistas del servicio de agua potable registradas en la ciudad de Arequipa, incumpliendo la normativa que obliga a alertar a los usuarios ante este tipo de situaciones.
Mediante la Resolución de Gerencia General N.° 00222-2025-SUNASS-GG, el organismo regulador declaró infundado el recurso de apelación presentado por la empresa prestadora, con lo cual se confirmó la medida sancionadora al determinarse que Sedapar no cumplió con los plazos y mecanismos de comunicación establecidos para informar sobre la suspensión del servicio.
Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 6 de febrero de 2024, cuando las intensas lluvias generaron altos niveles de turbiedad en la fuente de agua cruda, situación que obligó a paralizar la producción en las plantas de tratamiento La Tomilla y Miguel de la Cuba Ibarra. Esta interrupción afectó aproximadamente al 97 % de los usuarios de Arequipa Metropolitana; sin embargo, según Sunass, la empresa no comunicó de forma inmediata ni adecuada esta suspensión imprevista a la ciudadanía.
Además, el ente regulador identificó 38 interrupciones imprevistas adicionales ocurridas entre el 19 de abril y el 31 de mayo de 2024, durante las cuales Sedapar tampoco habría cumplido con informar dentro del plazo máximo de ocho horas, tal como lo establece la normativa vigente para garantizar que los usuarios puedan tomar previsiones ante la falta del servicio.
Sunass recordó que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento están obligadas a comunicar cualquier corte no programado a través de sus canales oficiales, como la página web institucional, redes sociales u otros medios de difusión, con el fin de proteger los derechos de los usuarios y evitar mayores perjuicios, especialmente en hogares, centros de salud y actividades comerciales.
El organismo regulador precisó que este tipo de sanciones busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad de las empresas de saneamiento, así como asegurar una adecuada relación con los usuarios, quienes dependen del acceso continuo y oportunamente informado a un servicio básico como el agua potable.
